Una solución factible contra la piratería de libros electrónicos

La crisis editorial en España causada por el alarmante descenso de los hábitos de lectura se ha acentuado recientemente con la aparición de nuevos soportes electrónicos que facilitan la copia ilegal de ejemplares. Durante el 2011, más del 70 % de los libros electrónicos leídos en España fueron descargados o bajados de manera gratuita de Internet. No obstante, según el último estudio realizado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, ha incrementado en un 60 % el número de usuarios de la Red dispuestos a pagar por el consumo de contenidos digitales, siempre y cuando, el precio de venta al público decrezca de manera proporcional a la rebaja en los costes de producción  que se han generado con la eliminación de las fases de impresión, almacenamiento y distribución.

Los usuarios de libros electrónicos esperaban un mayor ahorro y habían generado unas expectativas muy poco realistas sobre la consecuente bajada de precios que suponía la llegada del formato digital. Consecuentemente, se ha ocasionado un desengaño entre los consumidores que no ven satisfechas sus pretensiones de amortización de los lectores electrónicos y que encuentran una solución fácil en las descargas gratuitas. Mientras, el sector editorial argumenta que el descenso del precio de venta al público no puede ser mayor porque el impuesto sobre el valor añadido de los libros electrónicos es del 21 %, pese a que el mismo producto en papel tiene un IVA del 4 %. 

La ley 9 / 1998 estableció un tipo impositivo superreducido para productos culturales como libros, periódicos o revistas sin establecer ningún tipo de diferencia entre continentes y contenidos. En tan solo catorce años, este modelo legislativo se ha convertido en un residuo arcaico, producto de un sistema anquilosado, que provoca desigualdades incomprensibles entre los consumidores de un mismo producto según el formato en el que lo compren. La concepción tradicional que no establecía diferencias entre el contenido (la novela) y el contenedor (el papel) está desfasada y no es extrapolable a los nuevos formatos. Ahora, existen los lectores electrónicos (dispositivos utilizados para leer), y los libros electrónicos (obras literarias o científicas digitalizadas).

Los nuevos tiempos requieren nuevas leyes. Si no se moderniza la regulación de los tipos impositivos de manera inmediata en el sector del libro, se cometerá un grave perjuicio contra la industria editorial y se fomentará de manera indirecta la copia ilegal de archivos entre aquellos usuarios que consideren que pagan un precio desproporcionado por un producto virtual, en comparación con aquellos consumidores del libro tradicional. La reducción del IVA de los libros electrónicos hasta un 4 % rebajaría sensiblemente su precio de venta al público, lo equipararía al formato en papel y permitiría una competencia justa entre productos. En cambio, postergar esta decisión puede salvaguardar el sector tradicional a corto plazo, pero perjudicará de manera irreversible a la industria del libro a largo y medio plazo.

Víctor Gutiérrez Sanz

AyG